Varios son los puntos de fricción que mantienen empresarios y sindicatos sobre el futuro anteproyecto de la Ley de Trabajo a Distancia. Varias fuentes conocedoras de las negociaciones señalan como uno de los principales la consideración a partir de qué porcentaje del horario se entiende por “trabajo a distancia regular”. El borrador que presentó el Gobierno el viernes 31 de julio establece “un mínimo del 20% de la jornada”, el equivalente a un día a la semana para que ya se considere que un trabajador “teletrabaja” y, por tanto, le sea aplicada la nueva normativa. Estas fuentes apuntan que para la CEOE es poco y quieren que se eleve al menos al 30% o dos días.
Se trata de una línea roja marcada por la patronal que justifica su posición en que ya en la actualidad muchas empresas permiten a sus trabajadores que los viernes cumplan su jornada desde casa. En estos casos, supondría que las empresas estarían obligadas a compensar los gastos y dotar de equipos informáticos a sus trabajadores o incurrir en otros costes como analizar las condiciones de seguridad del sitio donde trabajan.
Un segundo punto de fricción entre los agentes sociales es el periodo transitorio que se aplicará a aquellos acuerdos o convenios colectivos que ya regulan el trabajo a distancia. El borrador establece un periodo de tres años que, según las fuentes consultadas por eE, ha pedido la CEOE. En esta ocasión son los sindicatos los que no están de acuerdo con la redacción del borrador del anteproyecto presentado el viernes por el Ministerio de Trabajo por entender que es un plazo excesivo. Entienden que un año o año y medio es suficiente para que se adapten. El abono de los costes y otras medidas están en el trasfondo de la pelea. Durante el periodo transitorio, todas las empresas amparadas por acuerdos anteriores podrían zafarse de cumplir con las exigencias de la futura normativa.
Aunque estos dos puntos serían los de mayor enjundia, no son las únicas discrepancias. La aplicación de la prevención de riesgos laborales también implica puntos de desacuerdo; en concreto, la evaluación del puesto del trabajo en casa. El borrador establece que solo se evaluará “la zona habilitada para la prestación de servicios, no extendiéndose esta obligación al resto de las zonas de la vivienda”. CCOO quiere que el análisis incluya el conjunto de la vivienda, aunque en CEOE y UGT consideran adecuado que se limite al habitáculo donde se realiza el trabajo.
En cualquier caso, la norma puntualiza que en caso de que el análisis de las condiciones de seguridad (que incluye factores psicosociales, ergonómicos y organizativos) exija la visita de algún experto, el trabajador le podrá negar la entrada a su vivienda. En este caso, no se podría cumplir con la exigencia de evaluar los riesgos laborales que exige el borrador del anteproyecto.
FUENTE: (El Economista, 07-08-2020)
