El Gobierno ha acelerado el desarrollo de la ley que obligará a los asesores fiscales a denunciar las prácticas «agresivas» de sus clientes que les pidan operaciones para enviar su dinero fuera de España. El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6. Esta normativa europea establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como «planificación fiscal agresiva» y que se produzcan en el ámbito internacional.
Así lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha detallado que se avanza hacia la transposición de esta norma comunitaria que obliga a los intermediarios fiscales a informar a la Administración tributaria de determinados esquemas que presentan señales o indicios de planificación fiscal agresiva.
Montero ha subrayado que por parte del Gobierno se marca la «prioridad» de luchar contra el fraude y la elusión fiscal, siendo en el momento actual de crisis del Covid-19 aún «todavía más importante y más necesario que nunca proteger el sistema tributario de prácticas ilegales abusivas, que lo debiliten o impida obtener los recursos necesarios y sobre todo que sean injustos para los que contribuyen».
«No puede haber justicia social sin justicia fiscal», ha enfatizado Montero, quien ha resaltado que la transposición de la directiva europea será una «herramienta añadida» que se sumará al ordenamiento español para luchar y combatir el fraude fiscal. La transposición de este mecanismo transfronterizo de planificación fiscal permitirá a la Agencia Tributaria recibir una mayor información para combatir el fraude.
La transposición de la directiva ‘DAC 6’ ha despertado en los últimos meses la preocupación de los profesionales tributarios y los asesores fiscales respecto a los términos en los que se llevará a cabo, en la medida en que pueda afectar a su secreto profesional y la consiguiente responsabilidad penal que ello conlleva.
Sin embargo, el anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Hacienda contemplaba que no se endurecería el secreto profesional para el colectivo de asesores fiscales.
Fuente: (Expansión, 13-05-2020)
